Antes de que se haga pública oficialmente la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’ en Cataluña, que se conocerá este lunes, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) quiere mostrar su preocupación ante las llamadas alentando la desobediencia civil y a una movilización persistente que llevan realizándose desde hace semanas por parte de los sectores independentistas y que, en ocasiones recientes anteriores, dieron lugar a cortes indiscriminados de carreteras que perjudicaron notablemente el normal desarrollo de los servicios de transporte y provocaron a nuestras empresas cuantiosos daños económicos.

En nuestra opinión, el derecho al trabajo y a la libre circulación de mercancías y personas son derechos constitucionales y es responsabilidad de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas velar por que ambas se puedan desarrollar con normalidad.

Cataluña es una región que, además de generar una significativa cantidad de actividad para el sector del transporte, gracias a su elevado nivel industrial y comercial, representa un importante papel estratégico pues La Junquera (Gerona) es el principal corredor de camiones entre España y los distintos países de la Unión Europea y por él circulan a diario más de 20.000 camiones.

El transporte de mercancías por carretera, que está reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como como sector estratégico para el desarrollo, se siente hastiado por el hecho de que ante cualquier tipo de reivindicación se recurra al corte indiscriminado de carreteras y la consecuente paralización de nuestra actividad, lo que representaría unas pérdidas de facturación para el sector del transporte en Cataluña de unos 25 millones de euros por jornada, de los que 15 corresponderían al transporte internacional y el resto al nacional, regional y local.

La CETM considera indispensable que el Gobierno y la Generalitat se coordinen con eficacia desde un primer momento para que, además de impedir acciones ilegales como las previstas, perseguir, en el marco de la legalidad, a los responsables de las mismas y reparar los daños que puedan producirse.