Las Provincias entrevista a Carmelo González, presidente del CNTC y vicepresidente de la CETM. | Confederación Española de Transporte de Mercancías

LAS PROVINCIAS. El sector del transporte por carretera se encuentra en un contexto convulso debido, por un lado, a los anuncios del Gobierno para impulsar el coche eléctrico y penalizar el diésel, y, por otro, a los cambios normativos que lo regulan. «Desde el Gobierno se habla de vehículos eléctricos, pero es impensable que un vehículo pesado, un camión, sea eléctrico», afirma tajante el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS), Carmelo González, que vino a Valencia para asistir al Congreso Nacional de Mudanzas.

-¿Qué balance hace de su primer año al frente del comité?

-Creo que ha sido positivo. Hemos solicitado alguna medida de fuerza en el mes de noviembre al Ministerio de Fomento y, aunque no hemos conseguido nada, se está trabajando. Cabe añadir que hemos demandado la implicación más directa del ministro, José Luis Ábalos, que se comprometió a recibirnos cada tres meses, pero no ha sido verdad y no tiene excusa. Además, creemos necesario que debería haber un ministerio dedicado exclusivamente a la logística, debido al peso que tiene con un 5% del PIB.

-¿Cuáles son esas reivindicaciones a las que se refiere?

-Se pusieron 12 sobre la mesa, algunas se han conseguido, como confirmar la devolución del gasóleo profesional, pero otras se han quedado en el tintero, como la reforma del contrato de transporte para evitar el pacto en contrario. Se demandó conocer el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) antes de que fuera remitido al Consejo de Estado. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad y se publicó sin haber recibido ninguna alegación por nuestra parte. Esto ha derivado en su impugnación en lo referente al apartado de honorabilidad, además de que hay otros aspectos en duda. Además, nos preocupa abrir el mercado con tanta ligereza en un sector donde hay mucha picaresca.

-¿Cuando habla de picaresca a qué se refiere?

– A la competencia desleal. Por ejemplo, a la hora de tramitar la antigüedad de la flota, hay quien alquila furgonetas para que le baje la media de antigüedad. También en cuanto a la capacitación, ya que siempre ha habido dudas sobre cómo accedía la gente al mercado. Se han creado tensiones sobre todo en la solicitud de la tarjeta de actividad porque cada autonomía tiene unos criterios.

-Volviendo al nuevo ROTT, ¿qué otros problemas ha generado el retraso de su aprobación?

-La Comunidad Europea nos ha impuesto una flota mínima de un camión. Además, hay muchas dudas sobre la pérdida de la capacidad económica, ya que cuando una empresa del sector entra en concurso de acreedores debe cerrar, a diferencia de las empresas del resto de sectores, que tienen oportunidad de remontar el vuelo. Demandamos que haya una cierta flexibilidad.

-¿Cómo están afrontando los cambios y anuncios respecto al diésel y combustibles?

-El llamado ‘dieselazo’ nos hace pensar que el diésel es el enemigo público número uno. Desde el Gobierno se habla de vehículos eléctricos, pero es impensable que un vehículo pesado, un camión, sea eléctrico. Estamos en un impás ante esta situación. No sabemos cómo se va a desarrollar todo esto. Los profesionales no saben qué vehículos comprar, así que cada uno abordamos la situación con el mejor criterio que podemos. También está el gas natural, pero tampoco es una solución definitiva. La incertidumbre es muy grande. Un vehículo de gasoil puede costar 85.000 euros y de gas natural 130.000 euros. Esa inversión es muy elevada y no podemos tomarla a la ligera.

-Una de las quejas del sector es que suelen haber dificultades para trasladar a sus facturas el aumento del gasoil. ¿Se ha planteado al Gobierno alguna modificación para paliar esta situación?

-Ahora mismo, cuando el incremento es superior a un 5%, se negocia con el cliente la posibilidad de trasladarlo, el problema es que no se hace. Por eso pedimos que la aplicación sea obligatoria, no negociable. En Francia ya se está aplicando. Otras cosas que se están peleando es que la carga y descarga no la haga el conductor del camión.

-¿Se está cumpliendo el decreto de la estiba en lo referente a carga y descarga?

-El decreto se está cumpliendo paulatinamente. Este decreto nos ha puesto en alerta de una situación que estaba así desde hace años, la verdad es que ha mejorado la concienciación.

-¿El autoempleo en el sector ha aumentado con la crisis? ¿Hay precarización?

-Ha disminuido. Las dificultades para ser autónomo son cada día mayores, independientemente de que con el nuevo ROTT en teoría es más fácil. Pero es un mercado donde prima la contratación con grandes empresas, con una estructura tecnológica fuerte. En cuanto a la precarización, hay dumping social en Europa en general. Los empresarios tendremos que tratar de dinamizarlo para que sea atractivo para estos profesionales que deben sufrir un desarraigo familiar y eso cuesta un dinero, guste o no.