El transporte y la logística son, sin lugar a dudas, uno de los sectores de actividad más importantes de la economía española. En primer lugar, porque el transporte es un gran generador de riqueza y empleo, ya que en términos de valor añadido bruto (VAB) nuestra contribución a la riqueza nacional se sitúa en el 2,3%, mientras que según la última encuesta de población activa, los trabajadores de este sector superan las 550.000 personas, en torno al 3% del total de empleados en España.
En segundo lugar, porque el transporte de mercancías por carretera es un sector estratégico para todos los sectores productivos, al ser el responsable de transportar más del 85% de los productos que se consumen cada día.
Nuevos hábitos de consumo y conectividad en el transporte.
Además, los nuevos hábitos de consumo, fundamentalmente el comercio electrónico, le auguran un importante crecimiento en los próximos años, lo que genera una dependencia cada vez mayor de todo el sector productivo respecto de los servicios que prestamos.
Estoy convencido de que en un futuro muy cercano el transporte de mercancías por carretera va a jugar un papel todavía más relevante, como socio estratégico de una sociedad en la que el tiempo se está imponiendo como el elemento diferenciador a la hora de hacer una nueva compra. Entramos en una etapa en la que el precio cederá importancia al hecho de que una mercancía se entregue cuando el cliente la necesita, y eso es algo que solo nosotros somos capaces de garantizar.
“El transporte de mercancías por carretera requiere de un paquete de reformas de carácter mercantil, fiscal, laboral, administrativo, sectorial, etc., cuya puesta en marcha valdría para impulsar la actividad de un sector que es la columna vertebral de la sociedad, el comercio y la industria de nuestro país”
Estos días se ha hablado mucho de la ausencia de una política de transportes efectiva por parte de los últimos gobiernos de España. Si echamos la vista atrás, vemos que, probablemente, en lo único que han coincidido los ejecutivos de Zapatero y Rajoy es que la política de transporte de mercancías por carretera de ambos era inexistente. A la vista de este vacío, desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías siempre nos ha tocado trabajar para que el gobierno de turno conociera la realidad del transporte de mercancías por carretera, planteándoles en cada momento cuáles eran los problemas más graves y qué era preciso hacer para tratar de resolverlos.
Si hablamos de los logros obtenidos en este tiempo, cabría destacar la aprobación en 2010 de la ley del Contrato de Transporte Terrestre que actualizaba y unificaba la regulación del contrato de transporte terrestre de mercancías, hasta la fecha recogida en el Código de Comercio de 1885 y en una extensa normativa administrativa, a veces hasta contradictoria, cuya aplicación creaba distorsiones y conflictos.
Poco más tarde, en 2013, se modificó la LOTT para, entre otras cosas, aclarar aún más las relaciones entre cargador y transportista y evitar la generación de problemas. Se introdujeron en ese momento modificaciones de gran trascendencia para nosotros, como la acción directa, pensada para mejorar la cadena de subcontratación, la cláusula de revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del gasóleo, y la obligación de pago al transportista en un plazo no superior a 30 días.
Fue una verdadera lástima que al permitirse, en contra de la opinión de la CETM, el pacto en contrario en estas dos últimas medidas, se haya desvirtuado completamente su objetivo, perjudicado notablemente a las empresas de transporte que continúan acudiendo desarmadas a negociar con unos cargadores acostumbrados a vincular la obtención del trabajo a la imposición de unas condiciones solo favorables a sus intereses.
“Las medidas que proponemos desde la CETM pretenden conseguir un marco normativo menos complejo y más ágil, reforzar la capacidad negociadora del sector en el mercado, rebajar la presión fiscal, flexibilizar la actividad e impulsar la unidad de mercado”
Tras las elecciones del pasado 28 de abril, vemos con desolación cómo los programas electorales de los cinco partidos que han obtenido mayores apoyos (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox) no prometen prácticamente nada en lo que a la carretera se refiere. En nuestra opinión, el transporte de mercancías por carretera requiere de un paquete de reformas de carácter mercantil, fiscal, laboral, administrativo, sectorial, etc., cuya puesta en marcha valdría para impulsar la actividad de un sector que, como ya hemos dicho, representa la columna vertebral de la sociedad, el comercio y la industria de nuestro país.
Reforzar la capacidad negociadora
Entre las medidas que vamos a reclamar al próximo Gobierno figura, en primer lugar, la no aplicación de la Euroviñeta y la derogación de los desvíos obligatorios a autopistas de peaje. Después, la modificación de la ley de Contrato de Transporte, derogando la posibilidad del pacto en contrario, en materia de plazos de pago, aplicación de la cláusula de revisión del precio del combustible y regulación de las operaciones de carga y descarga. Pedimos también medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón y otros supuestos de competencia desleal, así como la armonización fiscal, la negociación y racionalización de la política de transición ecológica, planes específicos para el desarrollo de áreas de descanso seguras en toda la red viaria, la modificación de la regulación de la acción directa y la inclusión en el régimen de gasóleo profesional de todo el transporte profesional de mercancías sujeto a autorización de transporte, entre otras.
Hemos cuantificado el importe de todas estas propuestas en unos 1.300 millones de euros, lo que consideramos una cifra bastante moderada en comparación con los 13.000 millones que aporta cada año el transporte de mercancías por carretera vía impuestos. En definitiva, las medidas que proponemos desde la CETM pretenden conseguir un marco normativo menos complejo y más ágil, reforzar la capacidad negociadora del sector en el mercado, rebajar la presión fiscal, flexibilizar la actividad e impulsar la unidad de mercado. Y estamos absolutamente convencidos de que sin ellas no habrá una recuperación económica real, consolidada y tangible.
