Ante la próxima convocatoria electoral, quiero trasladar a todas las formaciones políticas una petición que considero fundamental para el futuro económico de nuestro país: que el transporte de mercancías por carretera ocupe el lugar que merece en sus programas electorales y en las prioridades de la próxima legislatura.

El transporte no es solo una actividad económica más. Es el vínculo que conecta la producción con los mercados, abastece a las empresas, garantiza el suministro de bienes esenciales y hace posible que la actividad industrial, comercial y agroalimentaria funcione con normalidad. Sin camiones, no hay cadenas de suministro que resistan, ni productos que lleguen a su destino, ni economía que pueda desarrollarse con garantías.

Detrás de cada vehículo hay empresas, autónomos, profesionales, inversión y empleo. Un sector que contribuye de forma decisiva a la competitividad de nuestra economía y a la cohesión territorial, especialmente allí donde otros modos de transporte no ofrecen una alternativa viable. Por eso, hablar del futuro del transporte es hablar también del futuro de la cadena logística y, con ella, de la industria, del comercio, del empleo y del bienestar de los ciudadanos.

Sin embargo, pese a su carácter estratégico, el transporte por carretera no siempre recibe en el debate político la atención que corresponde a su peso real en la economía. No se trata de señalar responsabilidades, sino de aprovechar la oportunidad que ofrece cada proceso electoral para situar sobre la mesa las necesidades de una actividad imprescindible y anticipar los desafíos que marcarán su evolución.

Desde la CETM queremos contribuir a ese objetivo y, por ello, hemos elaborado un documento con los asuntos que más preocupan a nuestras empresas y autónomos de cara a la próxima legislatura, que trasladaremos directamente a todas las formaciones políticas, a las que invitamos a abrir sus agendas y mantener una reunión en la que podamos explicar con mayor detalle nuestras propuestas, compartir la realidad de nuestro sector y abordar conjuntamente los retos que tenemos por delante.

Las prioridades de la CETM 

Entre las prioridades que consideramos necesario abordar destacan diez grandes ámbitos de actuación:

1. Rentabilidad y sostenibilidad económica de las empresas. Una cadena logística eficiente necesita un sector de transporte sólido y económicamente viable. Para ello, es imprescindible garantizar precios que permitan cubrir los costes y obtener un margen empresarial suficiente para invertir, crecer y generar empleo.
2. Competencia leal y lucha contra los abusos. Combatir la subcontratación abusiva y reforzar el control sobre las fórmulas jurídicas y operativas que generan distorsiones en el mercado, con independencia de la actividad o del tipo de operador, para garantizar unas condiciones de competencia justas.
3. Cumplimiento de la legislación y lucha contra la morosidad. Intensificar la inspección de la Ley de la Cadena del Transporte y de los plazos de pago, dotándola de medios suficientes y garantizando mecanismos de control y sanciones eficaces.
4. Infraestructuras y fiscalidad al servicio de la competitividad. Mejorar la conservación y modernización de las carreteras y de los principales corredores logísticos, y evitar que nuevos impuestos, peajes o cargas económicas comprometan la competitividad de las empresas de transporte.
5. Digitalización y simplificación administrativa. Aprovechar la tecnología para modernizar el sector, eliminar duplicidades documentales y reducir las cargas administrativas, evitando que la digitalización genere nuevos costes, obligaciones desproporcionadas o burocracia innecesaria para los transportistas.
6. Seguridad de los profesionales y las mercancías. Hacer del transporte una actividad más segura y atractiva mediante una red nacional de aparcamientos seguros y vigilados, el refuerzo de la vigilancia policial y la prevención y persecución de los robos y otros delitos que afectan a conductores y empresas.
7. Personas, talento y relevo generacional. Atraer y retener profesionales en todos los ámbitos del sector, especialmente conductores, facilitando el acceso a la profesión, reforzando la formación y promoviendo condiciones que favorezcan la incorporación de nuevos trabajadores y la continuidad de las empresas.
8. Transición energética realista y viable. Impulsar la descarbonización mediante ayudas eficaces para la renovación de flotas, el desarrollo de las infraestructuras energéticas necesarias y un marco que aporte certidumbre, respete la neutralidad tecnológica y permita avanzar sin comprometer la viabilidad económica de las empresas.
9. Multimodalidad e intermodalidad eficientes. Favorecer la complementariedad entre la carretera, el ferrocarril y los puertos mediante el desarrollo de infraestructuras, conexiones y soluciones logísticas que mejoren la eficiencia de la cadena de transporte y permitan la participación efectiva de las empresas de carretera.
10. Reconocimiento del transporte como asunto de Estado. Situar el transporte de mercancías por carretera entre las prioridades estratégicas del país, con un marco normativo estable, políticas públicas que tengan en cuenta la realidad empresarial y un diálogo permanente entre el sector y las administraciones para afrontar conjuntamente los retos presentes y futuros.

Estas prioridades responden a una convicción: fortalecer el transporte de mercancías por carretera es fortalecer nuestras empresas, impulsar la competitividad de nuestra economía y contribuir a que España siga siendo un país capaz de generar riqueza y empleo. Confiamos en que estas propuestas encuentren el espacio que merecen en los programas electorales y se traduzcan en medidas concretas durante la próxima legislatura.

La CETM es la organización de referencia del transporte de mercancías por carretera en España y en la Unión Europea por número de empresas y vehículos asociados. Esa representatividad lleva aparejada una responsabilidad: defender los intereses del sector, pero también ofrecer soluciones y colaborar activamente con las administraciones.

No pedimos privilegios. Pedimos que se reconozca la importancia estratégica del transporte y que las políticas públicas tengan en cuenta la realidad de quienes lo hacen posible cada día.

Estamos dispuestos a trabajar con todas las formaciones políticas, desde la lealtad institucional y el diálogo, para construir las condiciones que permitan al transporte de mercancías afrontar sus retos, ganar competitividad y seguir generando riqueza y empleo.

El transporte por carretera mueve mercancías, pero también mueve la economía. Es hora de que esa realidad tenga el reflejo que merece en los programas electorales y en las decisiones de la próxima legislatura.

Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)

La CETM está teniendo conocimiento de situaciones en las que algunos cargadores trasladan íntegramente al transportista la elaboración y gestión del documento, pese a que la normativa establece responsabilidades para las distintas partes que intervienen en la operación. En algunos casos, incluso se pretende cobrar al transportista por cada DeCA generado.

Para la CETM, una obligación compartida no puede convertirse en una responsabilidad exclusiva del transportista y mucho menos en un servicio que el cargador pueda facturarnos.

La normativa distribuye entre cargador contractual y transportista efectivo la responsabilidad sobre los datos que debe contener el documento. El cargador responde, entre otros, de la información relativa a las partes, origen, destino, naturaleza y peso de la mercancía, mientras que el transportista responde de los datos vinculados a la ejecución del servicio. Por lo tanto, no tiene sentido que quien dispone de buena parte de la información necesaria para elaborar el documento traslade toda la carga administrativa al transportista y, además, pretenda cobrarle por hacerlo. En nuestra opinión, el DeCA es una obligación compartida, no un servicio que el transportista tenga que comprar a su cliente.

En definitiva, la CETM considera grave y especialmente difícil de justificar que se pretenda convertir el DeCA en un nuevo coste del transporte. Las empresas de transporte están realizando un importante esfuerzo para adaptarse a las nuevas exigencias digitales y administrativas, por lo que reclama que cada parte de la cadena de suministro asuma las obligaciones y costes derivados de su propia responsabilidad.

“El DeCA debe servir para digitalizar y, por tanto, modernizar y simplificar el transporte, no para crear un nuevo peaje digital. Si el cargador tiene los datos, debe asumir la responsabilidad que le corresponde. Lo que no puede ocurrir es que uno tenga la información y el transportista haga el trabajo y termine pagando la factura. Y, paradójicamente, al menos de momento, seguimos llevando los mismos papeles que antes”, concluye Carmelo González, presidente de la CETM.

La CETM reconoce que el acceso a la vivienda constituye una preocupación para una parte muy importante de la sociedad española, pero advierte de que la existencia de un problema social no justifica hacer recaer sus consecuencias sobre quienes generan actividad económica, empleo y riqueza y contribuyen al sostenimiento del Estado del bienestar.

En este sentido, la CETM considera especialmente importante preservar la actividad de sectores estratégicos como el transporte de mercancías por carretera, cuyo funcionamiento resulta imprescindible para el conjunto de la economía.

El sector representa el 4,8% del PIB y el 95% de las mercancías que se transportan en España lo hacen por carretera y en camión. Los transportistas trabajan diariamente para garantizar el suministro, así como para mantener en funcionamiento las cadenas de producción y distribución.

En este contexto, la elección del miércoles 11 de noviembre agrava el impacto que una paralización puede tener sobre el transporte de mercancías. Una interrupción de la actividad a mitad de semana no se limita a una jornada: puede alterar programaciones, cargas y descargas, rutas y entregas, generando efectos que se trasladan a los días posteriores y dificultando el normal funcionamiento de las cadenas de suministro.

Cualquier movilización que paralice o dificulte la actividad del transporte termina afectando al conjunto de la economía y a los ciudadanos, al alterar el normal funcionamiento de las cadenas de producción, distribución y abastecimiento.

Por ello, la CETM reclama que se preserve la actividad de un sector estratégico y se evite trasladar al transporte las consecuencias de un conflicto ajeno a sus empresas y trabajadores autónomos. Los transportistas tienen una responsabilidad diaria con la economía y con el abastecimiento del país, y deben poder seguir desempeñándola con normalidad.

Los combustibles renovables ya se están consumiendo y reducen hasta en un 87% las emisiones respecto a los combustibles convencionales, según ha verificado el Tour d’Europe a través del sistema Digital Fuel Twin. El efecto de la utilización de combustibles renovables es inmediato y medible: cada punto porcentual adicional en las mezclas supone una reducción de 800.000 toneladas de CO₂ al año. De este modo, desplegar su potencial es clave para avanzar en autonomía estratégica, seguridad de suministro y una transición energética eficiente, accesible y competitiva.

Además, los combustibles renovables permiten aprovechar la infraestructura de distribución y suministro existente, lo que facilita que estas soluciones lleguen, de forma inmediata y sin costes logísticos adicionales, a los usuarios, y permite acceder a la descarbonización a quienes mantienen sus vehículos actuales, incluidos autónomos y empresas de transporte.

Por su parte, el Marco de Acción Nacional para el despliegue de infraestructura de combustibles alternativos (MAN) persigue la implantación de una infraestructura suficiente para los combustibles alternativos destinada a vehículos de transporte por carretera, trenes, buques y aeronaves, tal y como se refleja en el Reglamento 2023/1804 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR, por sus siglas en inglés) y por el que se deroga la Directiva 2014/94/UE.

Este Marco de Acción Nacional debería reforzar expresamente el principio de neutralidad tecnológica y la coherencia del marco regulatorio aplicable al transporte en sus distintos segmentos. La planificación nacional debería reconocer también la contribución de los combustibles renovables que cumplen la Directiva de Energías Renovables (RED), en particular cuando pueden emplearse aprovechando la infraestructura logística y de distribución existente.

La acción a llevar a cabo, en el caso de los combustibles renovables, para mejorar su competitividad en precio y facilitar su elección por consumidores y empresas, pasa por una fiscalidad diferenciada que reconozca y recompense la reducción de emisiones de estos combustibles en España, ya que, con el marco regulatorio vigente, es posible contar con una fiscalidad diferenciada, que actuaría como palanca de competitividad en el avance hacia una transición energética eficiente, competitiva y como impulso de nuestra autonomía estratégica. Y es que, en 15 países de la Unión Europea, entre los que se encuentran Alemania, Francia o Italia, ya se aplica algún tipo de ventaja fiscal a estos combustibles, según se analiza en el informe Fiscalidad diferenciada para los combustibles renovables en España, elaborado por WSP (anteriormente Ricardo).

España tiene una oportunidad única para reforzar su autonomía estratégica y su descarbonización mediante la producción local de combustibles renovables, y el aprovechamiento de residuos y cultivos sostenibles pueden contribuir además a impulsar la circularidad, la actividad industrial y la generación de riqueza en el territorio.

Datos clave de la Plataforma

La Plataforma para los Combustibles Renovables nació para defender e impulsar el uso de esta alternativa dentro de las políticas de movilidad, desde el respeto a la neutralidad tecnológica y el apoyo al desarrollo industrial y la competitividad en España. Sus integrantes representan a toda la cadena de valor de los combustibles líquidos y a sus principales consumidores.

La Plataforma está compuesta por 32 entidades que representan a más de 348.700 empresas de todo tipo, desde multinacionales a micropymes y autónomos. Todas ellas generan más de 5,9 millones de puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos). Esta amplia representación refuerza el papel de la Plataforma como voz conjunta de una cadena de valor clave para la movilidad, la industria y el empleo en España.

Asociaciones adheridas a la Plataforma

El precio del gasóleo ha pasado de alrededor de 1,44 euros por litro al inicio del conflicto de Irán a situarse actualmente en torno a los 1,93 euros, lo que supone un incremento superior al 40%. Aunque las empresas han podido trasladar parte de esta subida a sus clientes, para Carmelo González, presidente de la CETM, la situación es “inasumible” para muchas compañías, que están viendo cómo sus márgenes se reducen hasta desaparecer y cómo se limita cada vez más su capacidad para absorber nuevos incrementos de costes.

Esta situación ya está teniendo consecuencias sobre la inflación. El IPC español ha alcanzado en septiembre el 4,9%, según el dato adelantado publicado hoy, con los carburantes entre los elementos que están impulsando esta evolución.

Por ello, la Confederación considera necesario que las medidas de apoyo sean proporcionales a la evolución real del precio del combustible y reclama que parte del incremento de la recaudación pública asociado a esta subida revierta en la economía para evitar una mayor pérdida de actividad, inversión, empleo y poder adquisitivo. Esta fue precisamente una de las peticiones trasladadas por Carmelo González al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la pasada semana.

Ayudas todavía pendientes de pago

Además, la CETM reclama el pago inmediato de las ayudas ya aprobadas. Mientras el Gobierno prepara ya el tercer paquete de medidas, muchas empresas siguen sin cobrar las ayudas del primero. Para un sector formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, esto es especialmente grave: llevan seis meses pagando prácticamente al contado y sin ayudas un gasóleo cada vez más caro. Esta demora está poniendo al límite la tesorería de muchas empresas y puede abocar a algunas a desaparecer. Cada empresa que cierra significa menos empleo, menos capacidad de transporte y más presión sobre los precios y la economía.

El transporte de mercancías por carretera es un eslabón esencial de la actividad económica y no puede convertirse en el amortiguador de una subida extraordinaria del precio del combustible que las empresas no están en condiciones de absorber ni de repercutir indefinidamente.

En consecuencia, la CETM considera que el Gobierno debe replantear las cuantías antes de aprobar definitivamente las medidas y adecuarlas a la realidad de los costes que está soportando el sector.

No se trata de reclamar ayudas adicionales por sistema, sino de evitar que una subida extraordinaria del combustible termine convirtiéndose en una nueva presión inflacionista, deteriorando la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El sector afronta una situación que ha empeorado de forma significativa desde la aprobación del RDL 18/2026. Las ayudas extraordinarias aprobadas entonces finalizan el próximo 30 de septiembre, mientras que el precio del combustible continúa aumentando. La CETM considera, por tanto, que no tiene sentido que las medidas de apoyo desaparezcan cuando las circunstancias que justificaron su puesta en marcha no solo permanecen, sino que se han agravado.

El transporte de mercancías es un sector esencial para el funcionamiento de la economía y para garantizar que alimentos, medicamentos, productos industriales y todo tipo de mercancías lleguen cada día a empresas y ciudadanos. Por ello, la CETM considera que proteger al transporte es también proteger la cadena de suministro y la actividad económica del país. Una presión sostenida sobre los costes, unida al deterioro de la tesorería provocado por el retraso en el cobro de las ayudas, puede comprometer la capacidad de numerosas empresas de transporte para mantener su actividad precisamente en un periodo del año de elevada demanda.

La CETM considera, además, que una parte del incremento de la recaudación pública asociado al aumento del precio de los carburantes debe volver a la economía en forma de medidas de apoyo a los sectores más afectados.

Cuando el encarecimiento del combustible incrementa la carga fiscal soportada por empresas y consumidores, resulta razonable que una parte de esos mayores ingresos contribuya a amortiguar el impacto económico que los está generando. No se trata únicamente de compensar al transporte: se trata de evitar que un shock extraordinario de costes termine reduciendo actividad, inversión, empleo y capacidad de consumo.

A esta situación se añade el problema de las empresas acogidas al régimen de estimación objetiva, cuyo límite de facturación se encuentra actualmente establecido en 125.000 euros anuales. La evolución de los costes y de la facturación podría provocar que numerosas pequeñas empresas se vean obligadas a paralizar su actividad a partir de octubre, agravando todavía más la capacidad disponible de transporte.

Ante este escenario, y en el marco del diálogo abierto con el Gobierno para analizar el impacto de la crisis de combustible, la CETM reclama con carácter urgente:

• Prorrogar las ayudas al combustible, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2026.
• Reducir un 50% las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, como medida extraordinaria para aliviar los costes de las empresas y preservar su liquidez.

CETM considera que estas medidas no deben entenderse únicamente como un apoyo a un sector empresarial, sino como una actuación para garantizar el normal funcionamiento de la economía española.

“Si queremos garantizar que las mercancías sigan llegando a su destino con normalidad, necesitamos empresas de transporte capaces de seguir operando”, ha señalado Carmelo González.

La Confederación confía en que el Gobierno actúe con la misma urgencia con la que está evolucionando la situación, evitando que el incremento de los costes termine trasladándose a la disponibilidad de transporte y, en última instancia, al conjunto de la economía y de la sociedad.

El acto, que ha tenido lugar en la sede de CEOE en Madrid, ha puesto sobre la mesa la situación de contradicción fiscal que existe actualmente en España, ya que los combustibles renovables tributan al mismo nivel que los combustibles de origen mineral, a pesar de que reducen emisiones hasta un 87%, como ha certificado la iniciativa Tour d’Europe a través del sistema de trazabilidad y certificación Digital Fuel Twin.

El documento define dos escenarios realistas de acuerdo con el marco legal vigente, que implican rebajas en los precios de los combustibles renovables superiores al 38% en el diésel renovable y al 33 % en la gasolina renovable, a partir de la reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH), siguiendo una de las dinámicas del actual Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio para hacer frente al alza de los carburantes como consecuencia de la guerra de Irán.

En concreto, el escenario de transición inmediata se basa en la incorporación de un incentivo fiscal vinculado al porcentaje de carburante renovable en las mezclas, mientras que el escenario de transición progresiva hacia una fiscalidad basada en emisiones, establece un incentivo vinculado a la reducción de emisiones.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado que “la fiscalidad es una palanca de competitividad, especialmente en el caso de las energías renovables” como los combustibles renovables, por lo que reclama “un marco regulatorio que fomente tanto la oferta como la como la demanda si queremos desplegar todo el potencial de los combustibles renovables”. Por su parte, la vicepresidenta y presidenta del Consejo de Movilidad Sostenible de CEOE, Helena Antolín, ha apostado por la fiscalidad como herramienta de descarbonización, ya que “una fiscalidad que esté mejor alineada con la reducción de emisiones genera demanda” y permite a soluciones como los combustibles renovables ser más competitivas.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables, Inés Cardenal, ha destacado que “estos escenarios permitirían alinear nuestro ordenamiento jurídico con las recomendaciones del Informe Letta, con la propuesta de reforma de la Directiva de Fiscalidad de la Energía y con la mayoría de nuestros socios europeos, porque España no puede seguir siendo una excepción en Europa”.

Además, la situación actual de la fiscalidad de los combustibles renovables choca con el principio básico de neutralidad tecnológica que recomienda Mario Draghi en su informe sobre la competitividad de la Unión Europea, ya que en estos momentos, no todas las soluciones probadas y disponibles que reducen emisiones reciben el mismo trato fiscal en nuestro país. Mientras los combustibles renovables carecen de incentivos, existen beneficios fiscales y ayudas directas para los vehículos electrificados y de hidrógeno (cero emisiones de CO2 por el tubo de escape).

Por ello, los 32 miembros de la Plataforma instan al Gobierno de España a avanzar en un marco fiscal que reconozca la reducción de emisiones de los combustibles renovables y, con ello, se pueda incentivar su consumo. La industria de los combustibles renovables está preparada para seguir aumentando la producción y una mayor penetración de combustibles renovables permitirá alcanzar, de manera más eficiente, el objetivo compartido de la neutralidad de emisiones en 2050.

En el evento también han participado Aleix Pons, Director Asociado en Transporte Sostenible, WSP (anteriormente Ricardo); José María Riaño, Secretario General de ANESDOR; Ramón Valdivia, Director General de ASTIC; y José Ignacio Moya, Director General de FACONAUTO.

La Plataforma para los Combustibles Renovables, que acaba de cumplir cinco años, cuenta con 32 miembros, que conjuntamente representan a más de 348.700 empresas de toda la cadena de valor de los combustibles renovables, desde multinacionales a micropymes y autónomos, y sostienen más de 5,9 millones de puestos de trabajo, más del 25 % del total de ocupados en España.

Datos clave de la Plataforma

La Plataforma para los Combustibles Renovables nació para defender e impulsar el uso de esta alternativa dentro de las políticas de movilidad, desde el respeto a la neutralidad tecnológica y el apoyo al desarrollo industrial y la competitividad en España. Sus integrantes representan a toda la cadena de valor de los combustibles líquidos y a sus principales consumidores.

La Plataforma está compuesta por 32 entidades que representan a más de 348.700 empresas de todo tipo, desde multinacionales a micropymes y autónomos. Todas ellas generan más de 5,9 millones de puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos). Esta amplia representación refuerza el papel de la Plataforma como voz conjunta de una cadena de valor clave para la movilidad, la industria y el empleo en España.

Asociaciones adheridas a la Plataforma

El evento se celebrará en el Campus de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y reunirá a empresas, asociaciones sectoriales y expertos en energía, tecnología y movilidad.

La I Jornada Técnica CAEs dará comienzo con la bienvenida de Saúl Camero, CEO de Difundalia. A continuación, intervendrá el presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Carmelo González, quien dará su visión sobre el presente y el futuro de los CAEs y pondrá el foco en las oportunidades que pueden generar para las empresas y autónomos del transporte de mercancías por carretera, que afrontan importantes retos en materia de eficiencia, costes energéticos y descarbonización.

Después, Arancha Rodríguez Campos, experta en sostenibilidad, explicará el funcionamiento de los CAEs y su impacto potencial para las empresas.

Casos reales

La jornada contará con la participación destacada de tres empresas de transporte, que aportarán la visión directa del sector y compartirán sus experiencias y perspectivas ante los retos que plantea la transición energética. Alberto Ronco, director general de Operaciones de TRUCK ONE; Lucía Loureiro, CEO de Transportes Logísticos Herculinos; y Sonia García, gerente de Transportes Dagase, serán protagonistas de una jornada en la que el transporte tendrá voz propia para analizar cómo los CAEs pueden contribuir a mejorar la eficiencia de las flotas, reducir costes energéticos y afrontar los procesos de transformación y electrificación que está viviendo el sector.

Tecnología, eficiencia y electrificación

Otro de los principales ejes del encuentro será el papel de la tecnología en la identificación, medición y gestión de los ahorros energéticos. En este bloque participará Gabriel García, gerente de Alianzas Estratégicas de Webfleet, que abordará las posibilidades de las soluciones digitales y la gestión de datos para mejorar la eficiencia de las flotas.

La relación entre energía y tecnología centrará también un panel con Mónica Martín Abad (Moeve), Ana Fernández Román (Repsol), Pablo Mázón (Movertis) y Azucena Ballesta (Movildata), que analizarán la evolución de los CAEs y el papel de la colaboración entre compañías energéticas, tecnológicas y empresas de transporte.

La jornada concluirá su programa de contenidos con un bloque dedicado a la electrificación del transporte, uno de los grandes retos de la transición energética.

Bajo el título ‘Apostando por la electrificación’, Bruno Brito (IDEAUTO de ANFAC), María Romera (AEMENER) y Ramón Vázquez (CETM Multimodal) debatirán sobre los retos y oportunidades de este proceso y las condiciones necesarias para avanzar en la descarbonización del sector.

El encuentro incluirá además un espacio de networking para favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales y empresas. El programa contempla asimismo un acto de clausura institucional.

Con esta jornada, Difundalia pretende acercar al transporte las oportunidades que ofrecen los CAEs y poner en común las perspectivas de transportistas, asociaciones, compañías energéticas y proveedores tecnológicos, en un momento en el que la transformación energética abre nuevas vías de innovación, eficiencia y competitividad.

La jornada es gratuita, pero el aforo es LIMITADO. Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://difundalia.es/jornada-cae/

Martínez Moreno cuenta con una amplia experiencia vinculada al transporte, el mundo asociativo y la interlocución institucional, especialmente en el ámbito del transporte de mercancías por carretera. Desde mayo de 2023 ocupa la Secretaría General de CETM Animales Vivos, donde desarrolla labores de representación, asesoramiento técnico y normativo y defensa de los intereses empresariales del sector. Anteriormente, entre 2018 y 2023, estuvo al frente de la Asociación Nacional de Transporte de Animales (ANTA), participando activamente en la defensa de las empresas de transporte y en la negociación y desarrollo de la normativa que afecta a su actividad, así como en la interlocución con los principales organismos de la Administración.

Su trayectoria asociativa le ha permitido adquirir un conocimiento directo de la realidad empresarial del transporte, de su marco regulatorio y de las relaciones con las distintas Administraciones, así como una amplia experiencia en la representación y defensa de los intereses del sector.

Amplia experiencia y formación 

A esta experiencia suma una sólida formación y conocimiento técnico adquiridos durante su etapa en Berdex, fabricante neerlandés especializado en carrocerías y superestructuras para vehículos industriales, donde profundizó en aspectos relacionados con su construcción, transformación y homologación.

Asimismo, ha desarrollado una amplia actividad como formador y ponente en materias relacionadas con el transporte y la logística, la construcción de infraestructuras, la seguridad y la prevención de riesgos laborales, colaborando con diferentes Ministerios y Administraciones públicas, colegios profesionales, congresos y ferias especializadas.

Martínez Moreno es Ingeniero Técnico Agrícola, especializado en Industrias Agrarias y Alimentarias, y cuenta además con formación complementaria relacionada con la prevención de riesgos laborales y la seguridad.

Con su incorporación, CONETRANS refuerza su equipo con un profesional con una sólida trayectoria asociativa y un amplio conocimiento del transporte por carretera, su regulación y la realidad empresarial del sector, que contribuirá a fortalecer la representación de las empresas y la interlocución de la Confederación con las Administraciones y los distintos agentes del transporte.

Además, su obligatoriedad ha permitido corregir, al menos en parte, la posición de dominio que tradicionalmente han ejercido los cargadores en la negociación de los precios del transporte, garantizando que las empresas transportistas puedan repercutir una variación de costes que no está en su mano controlar y que durante muchos años han tenido que asumir prácticamente en solitario.

Para la CETM, cuestionar ahora el carácter obligatorio y sancionable de la cláusula supone precisamente volver a trasladar al transportista un riesgo que la norma decidió repartir de forma más justa y equilibrada entre los integrantes de la cadena logística.

Reglas claras 

La Confederación considera legítimo intentar mejorar técnicamente la fórmula cuando sea necesario, pero no convertir una obligación legal en una cuestión sujeta a la capacidad de negociación de cada empresa. Una obligación sin mecanismos efectivos para exigir su cumplimiento acabaría siendo una recomendación y dejaría de proteger a quien, durante demasiado tiempo, ha tenido la posición más débil en la negociación: el transportista.

La cláusula no genera inestabilidad: establece reglas claras. No añade negociación: la evita. Y, sobre todo, ha contribuido a equilibrar unas relaciones comerciales que durante demasiado tiempo han estado marcadas por una evidente asimetría negociadora. Evitar un mecanismo que permite trasladar de forma objetiva las variaciones de los costes no parece la mejor forma de proteger la viabilidad de un sector del que depende el funcionamiento de toda la economía. Quizá lo que a algunos les incomoda no es la complejidad de la cláusula, sino que, por una vez, las reglas sean las mismas para todos.