La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) considera muy preocupante la suspensión del plan de conservación y explotación de carreteras impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con una inversión prevista cercana a los 1.000 millones de euros, y reclama al Gobierno que encuentre una solución que permita desbloquear cuanto antes las actuaciones previstas.
La CETM entiende que las diferencias entre la Administración y las empresas del sector de conservación deben resolverse por las vías correspondientes, pero considera que ni los usuarios de las carreteras ni, en particular, el transporte de mercancías, pueden verse perjudicados por un conflicto derivado del procedimiento de contratación.
La conservación de las carreteras es una necesidad objetiva y urgente. No estamos hablando de una cuestión empresarial, sino de una infraestructura esencial para la seguridad y para el funcionamiento de la economía. Para las empresas de transporte de mercancías, que utilizan diariamente y de forma intensiva la Red de Carreteras del Estado, la conservación de las infraestructuras tiene un impacto directo sobre nuestra actividad. El deterioro del firme, las deficiencias en la señalización, la falta de mantenimiento y las restricciones derivadas de obras o de malas condiciones de la vía incrementan los tiempos de viaje, el consumo de combustible, el desgaste de los vehículos y los costes de explotación.
Infraestructuras seguras
Además, queremos recordar que la carretera es la principal vía de abastecimiento de ciudadanos, empresas e industrias, por lo que cualquier deficiencia en su funcionamiento repercute sobre el conjunto de la cadena logística y, en última instancia, sobre la competitividad de la economía española. Por ello, la CETM lleva años reclamando una mayor inversión y una planificación estable de la conservación de la red viaria.
En nuestra opinión, la conservación de las infraestructuras debe abordarse como una política de Estado, con recursos suficientes para actuar antes de que el deterioro de las mismas obligue a realizar intervenciones más costosas.
“Las empresas de transporte no pueden asumir el sobrecoste de una red viaria deficientemente conservada. Ya soportamos una elevada carga fiscal (21.000 millones de euros anuales) y somos usuarios intensivos de las carreteras. Lo mínimo que podemos exigir es disponer de unas infraestructuras seguras, eficientes y adecuadamente mantenidas. El Ministerio debe resolver esta situación cuanto antes porque cada mes de retraso en la conservación es un mes más en el que transportistas y ciudadanos estarán pagando las consecuencias”, subraya Carmelo González, presidente de la CETM.
